Intervenir juntos para reducir la incertidumbre |
La incertidumbre no afecta a todos los países por igual: golpea con más fuerza a aquellos donde el Estado, las empresas y la academia no coordinan. En el Perú, esa desarticulación se traduce en intervenciones desconectadas que enfrían la inversión y postergan decisiones clave. En contextos difíciles, esta fragmentación deja de ser tolerable y se convierte en un riesgo estructural para el desarrollo. Durante décadas, la acción pública promedio se ha justificado bajo la lógica de corregir fallas de mercado. Sin embargo, como advierte Mariana Mazzucato, profesora del University College London (Reino Unido), el Estado no debería restringirse a un rol reactivo o subsidiario. Su función puede ser la de orientar, coordinar y dar dirección a las inversiones, especialmente cuando se busca transformar estructuras productivas y enfrentar desafíos complejos. El Perú no parte de cero. Cuenta con múltiples políticas, programas e instrumentos orientados a la innovación y al desarrollo productivo. El problema central no es la falta de herramientas, sino su débil articulación y alineamiento estratégico. Muchas veces las intervenciones operan en paralelo, responden a lógicas institucionales distintas y rara vez convergen. En un escenario de restricciones fiscales y alta incertidumbre, esta dispersión reduce el impacto de la inversión pública y diluye su capacidad transformadora, particularmente para las MIPYME. Desde una perspectiva de desarrollo productivo, el desafío es complejo: elevar la productividad promedio, cerrar brechas de calidad y facilitar el acceso a mercados más sofisticados. Para las MIPYME, este proceso exige inversiones relevantes en capacidades técnicas, gestión, certificaciones y articulación comercial que, dadas sus limitaciones estructurales, resultan muchas veces insostenibles. Así, el alto costo privado de mejorar se convierte en una barrera efectiva que frena su competitividad y crecimiento. Este enfoque resulta especialmente relevante en territorios donde uno o dos sectores productivos concentran gran parte de la actividad económica. Según el Ministerio de Energía y Minas, entre 2007 y 2024, las empresas mineras que operan en cuatro regiones —Cajamarca, Cusco, Moquegua y Apurímac— han realizado aportes en favor de las comunidades por un monto cercano a los 6 mil millones de soles, concentrando aproximadamente el 50% de la inversión social minera a nivel nacional. La pregunta clave es ¿qué podría lograrse si estas empresas coordinaran sus esfuerzos, alineando sus inversiones sociales y productivas con una visión territorial compartida? En este contexto, el rol del Estado como coordinador de inversiones resulta fundamental. No se trata de sustituir la inversión privada ni de recentralizar decisiones, sino de alinear esfuerzos, definir prioridades productivas a nivel territorial, articular a los actores en el territorio y asegurar que los recursos —públicos y privados— converjan en el cierre de brechas. La coordinación deja así de ser un ejercicio administrativo para convertirse en una herramienta de política de desarrollo productivo territorial. Transformar la incertidumbre en oportunidad exige una visión compartida de desarrollo. Avanzar hacia una coordinación activa es uno de los pasos más urgentes para reducir la incertidumbre y construir más y mejores motores de crecimiento para el desarrollo del país.
Por Humberto Villanueva
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