¿Quién asume la responsabilidad? |
Transportadora de Gas del Perú (TGP) busca que la crisis del gas natural sea calificada de “fuerza mayor”, para así evitar las penalidades de acuerdo a ley. La falta del GNV provocó que los conductores de vehículos gastaran cerca de 14 millones de soles, que la empresa no quiere asumir. Tras casi quince días de desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV), la controversia está en la parte contractual entre el Estado y TGP; no hay que olvidar que el incidente paralizó sectores claves de nuestra economía. TGP pretende que la deflagración sea calificada como un evento de “fuerza mayor”, lo que la eximiría de pagar penalidades por la interrupción del servicio que afectó a industrias de pesca, agroindustria, materiales de construcción y transporte, elevando los costos operativos de manera drástica. Un taxista que consume diariamente 20 soles en GNV debió gastar 80 soles al verse obligado a utilizar gasolina, si… la encontraba. El contrato de concesión establece que la “fuerza mayor” ocurre ante hechos imprevisibles y fuera del control del operador del sistema (?), si el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) reconoce esta figura, TGP no enfrentará sanciones. Según la web de TGP, señalan que “Somos responsables de la operación del sistema de transporte por ductos del Gas Natural y Líquidos de Gas Natural de Camisea” y agregan que “Gestionamos la operación del sistema bajo altos estándares técnicos y de calidad para asegurar la confiabilidad y disponibilidad del servicio”. Mientras tanto, el ministro de Energía y Minas sostuvo que Osinergmin establecerá sanciones a TGP por la crisis de GNV; de otra parte, la Fiscalía abrió investigación preliminar contra la empresa por presunta contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, tras la fuga de gas natural que derivó en una deflagración en Megantoni (Cusco). La medida fue adoptada por la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Convención (2.° Despacho). El despacho fiscal dispuso la constatación en el lugar de los hechos, así como la ejecución de diligencias urgentes con apoyo de la PNP de la comisaría de Megantoni, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades penales. La investigación busca establecer si el incidente generó afectación ambiental y si se incumplieron estándares de seguridad en la infraestructura intervenida. La disposición alcanza los sistemas de producción, transporte y distribución por ductos e involucra a diversas empresas del sector. Cabe precisar que entre los años 2015 al 2024, las utilidades de TGP pasaron de USD 108 millones a USD 269 millones, acumulando más de USD 2.224 millones de ganancias; aun así, no construyó el ducto de redundancia que tenía un costo aproximado de USD 600 millones. Tampoco ha asumido por sí sola los costos logísticos iniciales para la atención de la emergencia, a pesar de los días transcurridos. A la fecha, no se conoce qué fue lo que causó el incidente; lo real es el perjuicio causado en pérdidas de horas/hombre y un incremento abusivo en los combustibles (GLP, GNV, gasolina regular y premium, así como en los balones de gas) en perjuicio del pueblo.
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