“No es costumbre, es desigualdad” |
Lo que durante años se ha tolerado como “normal” es, en realidad, una expresión de poder sobre quienes aún no están en condiciones de decidir en igualdad. No se trata de escándalos ni de casos aislados, sino de una práctica silenciosa que involucra vulnerabilidad, influencia y desigualdad. La ley ya lo advirtió. La pregunta es por qué la sociedad sigue mirando hacia otro lado. El reciente debate público sobre el caso Ángel Alfaro, relativo a las relaciones entre adultos y adolescentes, ha generado opiniones divididas. Sin embargo, más allá de posiciones personales, este tema nos obliga a mirar una realidad incómoda: en el Perú —sobre todo en nuestras regiones— existen situaciones que afectan profundamente a los adolescentes y que, con el tiempo, hemos terminado normalizando. La Constitución Política del Perú, en su artículo 4, establece que el Estado y la sociedad protegen especialmente al niño y al adolescente. En la práctica, esto significa algo muy claro: los adolescentes no están en igualdad de condiciones frente a los adultos. No tienen la misma experiencia, ni la misma capacidad para tomar decisiones complejas, ni el mismo poder para defenderse en una relación. El Código de los Niños y Adolescentes (Ley N.° 27337) parte de una idea sencilla pero poderosa: los adolescentes tienen derechos, pero también necesitan protección especial. Protección frente a relaciones que puedan afectar su desarrollo emocional; frente a situaciones donde puedan ser influidos o manipulados; y frente a decisiones que no están en condiciones de evaluar completamente. Aquí aparece algo que muchas veces se ignora: no todo lo que parece “consentido” es realmente libre. Un adolescente puede decir que sí. Pero eso no significa que esté en igualdad de condiciones. Cuando existe una gran diferencia de edad entre un adulto y un adolescente, no estamos frente a dos personas en igualdad. Estamos frente a más experiencia de vida, mayor capacidad económica, mayor influencia y mayor control de la situación, frente a alguien que aún está formando su identidad. En Derecho, esto se llama asimetría de poder. En distintas regiones del país, estas situaciones ocurren con más frecuencia de la que se admite. A veces se toleran. A veces se justifican. Y en algunos casos, incluso son aceptadas por las familias. Pero hay que decirlo con claridad: la pobreza no puede justificar la vulneración de derechos. Diversos estudios en psicología del desarrollo han demostrado que los adolescentes toman decisiones más influidas por emociones, evalúan menos los riesgos a largo plazo y son más sensibles a la aprobación externa. Aunque la ley es clara, el problema va más allá. Este tipo de situaciones revela familias que muchas veces no tienen herramientas para proteger, instituciones que no llegan a tiempo y una sociedad que, en lugar de cuestionar, muchas veces justifica. El Perú —y nuestras regiones— no pueden seguir confundiendo costumbre con normalidad. Un adolescente no necesita ser “rescatado” después. Necesita ser protegido antes. Porque cuando una sociedad no cuida a sus jóvenes, no solo compromete su presente, compromete su futuro.
Por Karin Ramírez Figueroa
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