La minería ilegal no crece solamente porque las mafias sean cada vez más poderosas. Crece también porque el Estado, durante años, ha sido incapaz de cerrar los espacios que permiten que esa economía prospere. La violencia en Pataz es la expresión más visible de ese fracaso. El Estado está presente —en abril prorrogó el estado de emergencia y mantiene a las Fuerzas Armadas a cargo del orden—, pero su autoridad sigue disputada. Debajo de los asesinatos, los explosivos y la disputa por el territorio hay algo más profundo: una economía con recursos suficientes para comprar protección, financiar intereses y penetrar la sociedad y la política. Según el IPE, el oro ilegal exportado por el Perú habría alcanzado cerca de US$12.000 millones en 2025, el 44% del oro ilegal que sale de Sudamérica. Con semejante magnitud económica, ya no hablamos solo de minería. Hablamos de poder. Ese poder puede........

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