Cada proceso electoral revive una sospecha recurrente: cuando las encuestas fallan, alguien debe estar manipulándolas. Sin embargo, lo que estamos observando en el Perú —y también en otras democracias como Estados Unidos— podría responder a un fenómeno distinto: una crisis metodológica en la forma de medir al electorado. Las variaciones abruptas que hoy se observan en algunas mediciones, con candidatos que pasan en pocas semanas de cifras marginales a varios puntos porcentuales, alimentan esa sensación de incertidumbre. A ello se suma otro factor que incrementa la confusión: las diferencias sustanciales entre encuestas realizadas en periodos muy cercanos. Durante décadas, las encuestas se apoyaron en un supuesto relativamente estable: que variables como la edad, el nivel socioeconómico o el lugar de residencia permitían agrupar comportamientos electorales previsibles. Sin embargo, ese modelo comienza a mostrar signos de agotamiento. Hoy la formación de opiniones está mediada por algoritmos, redes sociales y burbujas informativas que personalizan radicalmente el contenido que recibe cada ciudadano. Dos personas con características demográficas idénticas pueden estar viviendo realidades políticas completamente distintas. También influyen factores psicológicos. El llamado sesgo de deseabilidad social lleva a muchos votantes a ocultar su preferencia real si consideran que su candidato es mal visto en su entorno. Este fenómeno fue ampliamente discutido en Estados Unidos tras las elecciones en las que Donald Trump superó las expectativas de varias encuestas. El problema es que las encuestas no solo miden la opinión pública: también contribuyen a moldearla. Cuando un candidato aparece creciendo rápidamente, puede activarse el llamado “efecto arrastre”, en el que algunos electores se inclinan por quien parece tener mayores posibilidades. En otros casos ocurre lo contrario: el “efecto del desvalido”, donde un candidato percibido como marginado genera simpatía entre votantes inconformes. Todo esto vuelve más volátil la interpretación de los datos. Pero la consecuencia más delicada no es estadística, sino política. En un contexto donde varios candidatos comienzan a hablar de fraude o manipulación, los errores de medición pueden convertirse en combustible para narrativas peligrosas. Si una encuesta muestra saltos abruptos o resultados contradictorios, una parte del electorado puede empezar a desconfiar no solo de los sondeos, sino del propio proceso electoral. Nuestra propia experiencia indica que este es un terreno sensible. Cuando la distancia entre las expectativas generadas por las encuestas y el resultado final es muy grande, algunos actores políticos pueden aprovechar esa brecha para sembrar dudas sobre la legitimidad del resultado. En el Perú, donde el sistema político ya enfrenta altos niveles de desconfianza, ese escenario es especialmente riesgoso. Si las encuestas terminan mostrando un panorama muy distinto al resultado final de las urnas, el problema ya no será solo estadístico. La brecha entre lo que las mediciones anticipaban y lo que finalmente ocurra en las urnas puede convertirse en terreno fértil para discursos que cuestionen la legitimidad del proceso electoral. En un contexto donde algunos candidatos ya hablan de fraude o manipulación, una discrepancia fuerte entre encuestas y resultados podría alimentar la idea de que el proceso fue alterado, incluso si lo que realmente falló fue la capacidad de las herramientas para medir al electorado.

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