El respeto de garantías penales y procesales no debe ser objeto de manoseo político |
Ante un discurso electoral que engloba las últimas leyes emitidas en materia penal y procesal penal como “pro crimen”, nos corresponde realizar un análisis que identifique los graves problemas de este razonamiento: La generalización de todas las leyes como “pro crimen” muestra que no ha existido un estudio detallado de aquellas, algunas de las cuales no benefician ninguna actividad delictiva, sino que fortalecen un Estado constitucional y el respeto de los derechos fundamentales, al imponer límites al poder punitivo y establecer una tipificación rigurosa de algunas figuras abiertas y cargadas de términos vagos e indeterminados que afectan el principio de legalidad penal y la garantía de certeza. La generalización es incorrecta, pues no solo muestra que el estudio realizado es superficial, sino que constituye una falacia basada regularmente en prejuicios e intereses. La reducción al absurdo, pues se pretende atribuir como un factor determinante de la criminalidad a las leyes, sin observar que se trata de una problemática compleja que, lejos de responder a la normatividad vigente, encuentra su origen en instituciones débiles (sin liderazgo o con limitaciones materiales graves), factores sociales evidentes (como la carencia de oportunidades de trabajo y estudio) y en otras razones, como la ausencia de prevención. La falacia del hombre de paja también está presente en este discurso, pues nos coloca a los destinatarios ante afirmaciones exageradas o simplistas. El argumento es débil y derrotable cuando es sometido a un análisis riguroso y objetivo por parte de técnicos y no de políticos. Corresponde preguntarnos: ¿la política criminal debe estar presente en un discurso electoral?, ¿tienen un soporte técnico las afirmaciones realizadas al respecto?, ¿qué riesgos conlleva? Cuando la política criminal está en el discurso electoral, a menudo es transformada en «populismo punitivo». Se prioriza el aumento de penas como solución rápida a la inseguridad, en lugar de realizar enfoques preventivos basados en datos ciertos. Si bien la seguridad es una preocupación legítima, su uso excesivo produce un efecto contrario: políticas poco efectivas y discriminatorias. Los políticos suelen tener la “respuesta mágica” al crimen: la hiperpenalización o inflación punitiva. Sin embargo, no brindan solución alguna al problema. Al contrario, el uso excesivo del poder punitivo termina siendo contraproducente. En el debate electoral no se ha advertido, salvo casos excepcionales, la búsqueda de un equilibrio entre la necesidad de seguridad con el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de soluciones integrales más allá de la cárcel. Una pregunta final: ¿pueden ser sujetas al discurso electoral las normas de garantía?, ¿qué efectos produce? En nuestro contexto electoral, los candidatos utilizan la promesa de modificar y derogar las normas sobre garantías penales y procesales como una herramienta para captar votos, apelando al sentimiento de inseguridad de la ciudadanía. Y con la afirmación falaz de que, derogadas estas normas, no producirán efectos; lo que no es cierto, pues, en materia penal, si las normas derogadas son favorables, no solo producen efectos en su tiempo, sino también retroactivamente. Se utiliza la ley penal como un medio político más que como un fin de justicia social. Es importante que el ciudadano tenga un juicio crítico y riguroso, especialmente en este tema.
Mira más contenidos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y de Telegram para recibir las noticias del momento.
📲 Noticias a tu WhatsApp
Presiona AQUÍ y únete a nuestra comunidad 'Noticias al instante'.