En el actual contexto de cambio en la composición del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), y frente a la reiterada insistencia de algunos funcionarios por perpetuarse en el poder, es oportuno recordar una verdad fundamental: la educación superior es un derecho humano, no un botín político.

El Estado tiene el deber de garantizar este derecho, no de apropiarse de él ni capturar los organismos técnicos. La educación universitaria es un bien público y una responsabilidad colectiva que exige controles, pluralidad y equilibrio, tal como lo establece la ley. La SUNEDU no puede ni debe gobernarse desde la imposición del Ejecutivo. Volver a prácticas de designaciones irregulares es retroceder y abrir la puerta a la captura institucional.

Esta percepción de captura no es nueva. Ya en los meses de julio y noviembre se intentó ampliar irregularmente el mandato del Consejo Directivo de la SUNEDU, pese a que existía —y existe— un proceso electoral en curso, con representantes ya electos. Dicho intento fue rechazado gracias al compromiso de las........

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