No es normal que nos acostumbremos a temas que son ajenos a una normalidad democrática. En particular quiero llamar la atención sobre el hecho de que haya autoridades de cualquier naturaleza que se atrevan a llamar a la rebeldía, a la desobediencia, al desacato de órdenes judiciales. No podemos ser tolerantes ante este tipo de expresiones y acciones que en el fondo provocan el rompimiento del esquema de mínimas condiciones de convivencia constitucional. Nadie lo debe permitir y menos promover.

En el momento en que hay personas que se erigen como determinantes de si una orden judicial tiene mérito o no de ser obedecida, estamos viendo en tiempo real cómo se desmorona la condición más esencial del Estado de Derecho. Las órdenes judiciales pueden no gustar, pueden parecer extremas, se pueden interpretar como inaplicables, pero no se pueden dejar de observar. Existen medios de impugnación de cualquier orden judicial para que en efecto organismos de mayor jerarquía procedan a la revisión de la orden original y determinen si en efecto hay defectos o problemas en cuanto a su procedencia. Pero mientras esos mecanismos de evaluación se agotan, la orden judicial se debe observar en sus términos, ni más ni menos. Y sin embargo eso no está sucediendo y es sumamente grave.

Los eventos referidos son preocupantes en cualquier circunstancia, pero hay agravantes que se deben destacar. Y es que en los hechos quienes han estado provocando este nivel de rispidez y ruptura institucional no son cualquier persona sino directamente los titulares de la Presidencia de la República, el Senado y la Cámara de Diputados. Así hemos visto en forma concertada que Claudia Sheinbaum Pardo, Gerardo Fernández Noroña, Sergio Gutiérrez Luna y Ricardo Monreal Ávila han venido diciendo en las últimas semanas que se deben desoír y no obedecer ya cientos de distintas órdenes judiciales........

© Expansión