Es claro que en México no existen condiciones para juzgar a quienes han obligado a los mexicanos a vivir en un entorno violento, en el que dominan los cárteles y otras organizaciones criminales, las cuales, han encontrado en la presente administración fértil terreno para crecer y expandirse por todo el orbe. El hecho de que sea precisamente el Ejecutivo Federal quien se someta a la jurisdicción de instancias internacionales no puede ser más que oportuno y venturoso, dado que éstas se habían venido rehusando a analizar, estudiar y valorar lo que hoy aquí sucede.
Así es, diversas propuestas se habían formulado para que la Corte Internacional de Justicia, o la Corte Penal Internacional y los muy diversos mecanismos de auscultación de la protección de derechos fundamentales, revisaran y evaluaran las tácticas y estrategias que, se diga lo que se diga, han puesto a nuestro país en manos de oscuros intereses.
Repetidamente se negó la instauración de procedimientos en los que desmenuzaran las muy complejas excusas planteadas por el Gobierno Federal, respecto a la expansión de actividades relacionadas con la trata de personas; el cobro de piso; el tráfico de sustancias prohibidas, y el blanqueo de capitales. Nadie fuera del país quería entrar en tan complejo berenjenal. Las autoridades mexicanas siempre supieron esquivar las imputaciones, rehusándose a ser sometidas a una jurisdicción multilateral.
Hoy se piensa que el tan denostado y criticado Luis Almagro, insultado repetidamente por la administración en turno, se ha vuelto defensor de la 4T, sin embargo, es claro que tiende un puente de plata para llevar el asunto a su terreno, en condiciones inmejorables, esto es, abrir un expediente a solicitud de López Obrador.
Es imposible separar la reprobable incursión dentro de la sede de circunstancias que constituyen antecedentes clave de ésta. Una de ellas es el hecho de que el actual residente de Palacio ha intervenido, directa y decididamente, en conflictos políticos de orden interno, tomando partido por opciones afines a su ideología, llegando al extremo de armar y articular estrategias de extracción de personajes acusados de participar en actividades ilícitas, tal y como sucedió en los casos de Evo Morales y Pedro Castillo, en los que pasó de posturas protectoras a operativos claramente injerencistas.
A diferencia de otros casos relevantes de asilo en México, los involucrados reportan acusaciones en dos sectores particularmente delicados, tráfico de sustancias ilegales y lavado de dinero. Esto es, tanto en el caso del Perú, como en el de Ecuador, las autoridades........