Denegada justicia

En estas líneas, semanas atrás, deje claro que la lucha de magistrados y jueces era, y es, lucha de todos, ya que la reforma que combaten no sólo involucra salarios, prestaciones y remuneraciones a las que ellos tienen derecho, sino que, de por medio, también está el que los mexicanos cuenten con un Poder Judicial independiente, neutral y objetivo.

A mucha gente ya hoy queda claro que la grotesca ambición que, en mayor o menor medida, está en todo aquel que busca colocarse en un puesto burocrático por la vía electoral, en el que se obtienen jugosas retribuciones con independencia de la eficacia en el desempeño o de los resultados que se obtengan, está peleada, esencial e ineludiblemente, con los atributos propios de la función jurisdiccional, ya que los peculiares sujetos que padecen tal ambición buscan, desesperadamente, el respaldo, apoyo, y hasta subvenciones, de quienes consideran pueden influir en el resultado, comprometiendo con ello su objetividad, sino es que hasta vendiendo su lealtad.

Nada más sujeto a las miserias de esa baja pasión llamada política, que lo que se deposita en una urna, esto es, lo que depende de las maleables actas de cómputo que viven en la orfandad en cuanto se cierran las casillas. Si alguien estima que señalo y objeto la confiabilidad de simples ciudadanos que, con una embarrada de capacitación electoral, y sin la protección permanente del Estado, participan ingenuamente en un proceso tan amañado y sucio como el que se plasma en las leyes comiciales mexicanas, está en lo cierto.

Los mañosos, en el mejor de los casos, les dan 20 vueltas con las actas de escrutinio, para finalmente remitir las llenadas a conciencia en la guarida de algún cártel, o, en los peores, los obligan a catafixiar la real por la copeteada, teniendo a buen recaudo a los responsables de custodiar las urnas, para el remoto caso de que, tras un alambicado y largo proceso, se resuelva revisar algunas de ellas. Todos hemos visto denuncias de boletas “extraviadas” antes de la contienda, dado que las medidas de seguridad son tan primitivas, que quedan al alcance de la poderosa cartera de los criminales. Las salvaguardas del ridículo proceso se encuentran tan expuestas, que sólo es cuestión de “a cómo”, para torcerlas, o aplicar el ya bien conocido acta o plomo.

Ese es el origen del abultado número de diputados y senadores. Se pensó en el siglo XIX que sería muy difícil, costoso o azaroso, el vulnerar cientos de puestos, pero, con el tiempo y un trapito, la técnica corruptora hoy permite trazarse la meta de obtener una mayoría calificada, y obtenerla, casi casi, por nota. Siendo un poder que actúa tumultuariamente, los requisitos para obtener una posición como diputado o senador son pocos, y son verdaderamente inocuos. No se precisa........

© Expansión