Política social y política de seguridad. Líneas que el poder difumina a conveniencia |
En México existe una confusión persistente y políticamente costosa entre política social y política de seguridad: la primera orientada a reducir vulnerabilidades estructurales (pobreza, acceso a salud, educación, vivienda), la segunda centrada en la prevención, investigación y sanción del delito. Cuando ambas se mezclan sin claridad de objetivos ni coherencia técnica, la administración pública corre el riesgo de tratar problemas de seguridad —que requieren capacidades policiales, judiciales y de inteligencia— como si fueran únicamente carencias económicas resolubles con transferencias. Esta simplificación empobrece tanto la efectividad como la legitimidad de las intervenciones estatales.
Las transferencias monetarias —condicionadas o no— tienen evidencia robusta de impactos positivos en la reducción de pobreza, consumo y algunas dimensiones de capital humano; no obstante, la literatura muestra que su efecto directo sobre la criminalidad es heterogéneo y, en ocasiones, ambivalente. Programas de largo alcance pueden reducir factores de riesgo asociados con la violencia (por ejemplo, privación económica), pero no sustituyen lo que es intrínseco a la política de seguridad: prevención situacional, control delictivo, fortaleza del sistema de procuración de justicia y reducción de la impunidad. Estudios experimentales y revisiones en América Latina y México señalan efectos mixtos de los CCT........