La reciente propuesta presidencial para reformar la Ley de Amparo ha encendido un debate que no es menor: ¿cómo equilibrar la eficacia del Estado frente al crimen con la protección de los derechos ciudadanos? El juicio de amparo ha sido históricamente el escudo más sólido contra los abusos de autoridad, pero también —en la práctica— se ha convertido en herramienta para que grupos delictivos y actores financieros oscuros alarguen procesos, liberen cuentas bloqueadas o frenen investigaciones.

Hoy estamos ante un cambio de reglas que puede transformar la manera en que se combate el delito, tanto en el ámbito local como en el federal. Pero este giro legal exige más que modificaciones en los tribunales: requiere una revolución en la manera en que formamos y preparamos a nuestras fuerzas de seguridad.

El acotamiento del “interés legítimo” limitará los amparos colectivos. En apariencia, esto agiliza cateos, órdenes de aprehensión o medidas administrativas en delitos locales. Sin embargo, también abre la puerta a que comunidades enteras tengan menos herramientas para frenar abusos de autoridad o proyectos que afectan sus derechos colectivos. Si los policías municipales y estatales no cuentan con capacitación suficiente en derechos humanos y técnicas de intervención legal, esta reforma puede convertirse en un arma de doble filo: eficacia operativa sí, pero a costa de la legitimidad.

En el terreno federal, la iniciativa busca impedir que los amparos sirvan para descongelar........

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