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Y ahora contra la UNAM

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24.09.2021

El gobierno federal y Morena pueden cometer un error histórico que podría ser mucho más costoso de lo que piensan, para ellos y para el país. La insistencia en la indagatoria contra 31 investigadores científicos de primer nivel impulsada por el Conacyt y encabezada por la Fiscalía General de la República, es un sinsentido, un acto incomprensible, sobre todo después de que jueces, incluso la Suprema Corte habían desechado las acusaciones, es un golpe directo contra muchos de los principales representantes de la investigación científica en el país, ampliado por la desmesura de acusarlos de crimen organizado, algo que, como dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue, “es un despropósito inconcebible”.

La directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, que ya antes quitó becas y apoyos, negó ayer que persiguiera a alguien, y sostuvo que no había acusado a ningún investigador. Es mentira. La denuncia contra los 31 investigadores fue presentada por la apoderada legal del Conacyt, Rosenda Cruz, en julio del 2020 y la propia Álvarez Buylla, declaró entonces que Julia Tagüeña, anterior directora adjunta del Conacyt durante el sexenio pasado, había destinado ilegalmente 50 millones de pesos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, integrado por los investigadores y académicos ahora acusados.

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