Por qué un vándalo no debe estudiar. Por Álvaro Vergara |
El acuerdo tácito que fundamenta el derecho a estudiar es que la comunidad política considera que la educación superior sirve al desarrollo individual y de la nación; por tanto, se financia su costo a quienes cumplan los requisitos establecidos por ley. Al mismo tiempo, la preservación de dicho acuerdo exige retribuciones inmediatas, y estas no son altas: la principal es abstenerse de amenazar el bien común con acciones violentas o abusivas.
La Cadem de junio mostró que un 87% de los encuestados está a favor de quitar beneficios sociales a los que cometan delitos o incivilidades. La medición se relaciona con las declaraciones del presidente Kast y de su ministro de Seguridad acerca de la creación del registro de vándalos. La lógica detrás de la propuesta es simple: quienes sean sancionados por dañar la convivencia serán privados de ciertos servicios que les provee el conjunto de la sociedad.
En los últimos días se añadió a la discusión la pregunta de si los estudiantes que cometen acciones violentas deben seguir recibiendo recursos públicos para financiar su mensualidad. El debate tomó más fuerza después de que se encontrara a tres sujetos con bombas molotov en una marcha convocada por la CONFECH.
Las reacciones fueron disímiles. Siempre existirá una élite que proteja a quienes destruyen las condiciones para estudiar. Un académico de filosofía, refiriéndose a la situación, llegó a decir que “castigar la pobreza nunca ha sido una forma eficaz de superarla”. Se reflotó así aquel determinismo medio clasista que sugiere que de la escasez surgiría una tendencia a destruir, rayar murallas y quemar profesores.
Todo suena heroico al ponerse la capa de los desprotegidos, hasta el momento de contrastarlo con delitos........