Como parte de esta estrategia, que podría calificarse de “guerra sucia”, el Frente Amplio, el Partido Comunista y un sector del Partido Socialista acusan al gobierno de estar al servicio de los más ricos, de legislar para el 1% de la población en desmedro de las clases medias.

Visiones opuestas. Llegó la hora de la verdad, el ansiado momento en que el gobierno de “emergencia” está mostrando sus cartas. Se trata de un proyecto de ley cuyo nombre, cargado de significado, ya suscita la “ira” de amplios sectores de la oposición, que resienten que se hable de una “Reconstrucción Nacional”.

Porque, para la oposición, encierra un juicio político del pasado reciente que consideran injusto y provocador. Hablar de “reconstrucción” supone, por definición, que el país estaría destruido o en ruinas, algo que, objetivamente, no se condice con la realidad, sino que es más bien una reedición del slogan de campaña “Chile se cae a pedazos”.

Para el gobierno, se trata de romper el “estancamiento de más de diez años” y “despegar para ser una potencia mundial”, lo que implica una crítica explícita a las administraciones de Boric, Bachelet y Piñera.

Para la izquierda, se busca eliminar derechos sociales que forman parte de un cuasi “estado de bienestar” que se ha ido construyendo de a poco desde 1990 hasta el presente: una red de protección fundamental de la cual depende una buena parte de la población.

Ven, además, una gran oportunidad de salir del hoyo en que se encuentran, superando las profundas divisiones derivadas de la derrota electoral de Jannette Jara, ungiéndose como defensores de los derechos sociales.

Hoy existen más de 80 bonos y beneficios que pueden recibir las familias chilenas, entre ellos la gratuidad universitaria, asignación familiar, subsidio maternal, bono bodas de oro, bono al trabajo de la mujer, empleo joven, bono invierno, bono por hijo, la PGU, subsidios habitacionales, eléctrico, transporte público, becas de estudio en el extranjero, ajuar para recién nacidos,........

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