La crisis de las isapres está pasando por momentos clave. A días del término del plazo otorgado por la Corte Suprema para dar cumplimiento a sus fallos, la ley corta aún parece lejos de su despacho. Como nos hemos acostumbrado, el sistema político sólo parece actuar frente a un horizonte de crisis inminente.

Desde que el año 2010 el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucionales las normas que establecían los criterios para la confección de las tablas de factores, hemos visto nacer y morir un puñado de proyectos de ley que buscaban hacerse cargo de las consecuencias del fallo. Mientras el negocio de las isapres fue rentable y podían traspasar los aumentos de costos a sus afiliados, no hubo mirada de largo plazo para hacerse cargo de los problemas estructurales del sistema. A pesar de su inestable situación regulatoria, las diferencias políticas y la falta de incentivos para los acuerdos terminaron manteniendo el statu quo.

La inercia legislativa se tradujo en un frenesí judicial, de forma que en 2022 cerca del 80% de las causas de las cortes de Apelaciones fueron recursos de protección contra isapres. Ante ello, a fines de ese año la Corte Suprema (CS) dictó una serie de fallos con efectos generales en materias de alzas de precios base y uso de tablas de factores. Los últimos implican recalcular los precios de todos los contratos de salud y devolver a los afiliados las cantidades recibidas en exceso. Según los cálculos que han transcendido, el impacto financiero de los fallos acarrea un riesgo real de insolvencia de las isapres que tendría efectos sistémicos, afectando a usuarios del sistema público y privado.

La respuesta frente a la crisis fue una ‘ley corta’ que lleva un año de tramitación, dos prórrogas de la CS y un final de infarto. La discusión legislativa ha incorporado medidas de la comisión técnica convocada por el Senado, como la creación de un consejo consultivo independiente asesor de la Superintendencia de Salud. Otras siguen sobre la mesa en la comisión mixta, como la incorporación de una prima extraordinaria y el piso de cotización del 7%. Permanece la incertidumbre sobre el monto final de la deuda de las isapres, considerando, entre otras cosas, que el criterio de mutualización sólo puede ser reincorporado por el Ejecutivo, luego de que el TC estimara que es materia de su iniciativa exclusiva.

A pesar de la inminencia de la fecha límite establecida por la CS, es difícil prever como terminará la tramitación legislativa. La ausencia de una ley corta sería el peor resultado, creando condiciones para una crisis sistémica que dificultaría cualquier reforma estructural que transite hacia un sistema menos discriminatorio. Esperemos que nuestros representantes, cual estudiantes atrasados trabajando a punta de café y trasnoche, logren un acuerdo que proteja la salud de las personas.