La situación fiscal es estrecha. Las metas fiscales, incluso siendo deficitarias, han sido difíciles de cumplir desde hace ya tiempo y la deuda pública ha crecido sostenidamente desde el 2008. El debate ha puesto el foco en los recortes que se deben hacer, o de cuán lento debe crecer el gasto, para cumplir con las metas. Pero la preocupación debiese ser más amplia que eso, al menos en tres aspectos. Uno es que las necesidades de financiamiento son mayores que la sola cobertura de déficits, pues también hay que dedicar recursos a ítems que no son parte del balance fiscal, como los aportes al Fondo de Reserva de Pensiones y la recompra de cartera del CAE. Otro es la posibilidad de que algunos compromisos estatales contingentes se vuelvan exigibles, como las garantías estatales a las deudas de empresas públicas y las concesiones de obras públicas. Finalmente, un tercer factor —el que motiva esta columna— es que, al legislar nuevas prestaciones, se corre el riesgo de subestimar los gastos asociados y de sobreestimar los ingresos que los financiarán. Bastante de ello ha ocurrido en Chile, lo que también explica en parte el crecimiento de la deuda fiscal. El proyecto de ley que crea un nuevo sistema de financiamiento público para estudios superiores —el FES— es un excelente ejemplo de cómo la institucionalidad fiscal tiene insuficientes resguardos........

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