Iván Redondo, el exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, ha revelado que preparó un informe secreto para transformar España en un Estado plurinacional en el año 2028, coincidiendo con el cincuenta aniversario de la Constitución. “El Estado de las Autonomías se está muriendo”, dice. “Hay que constituir España como una nación de naciones.” Y con esta frase, pronunciada con la seguridad de quien cree haber descubierto la piedra filosofal, Redondo abre un debate que, para el independentismo catalán, no es nuevo ni inocente: el debate sobre si un reconocimiento formal de la plurinacionalidad cambiaría algo.

La primera trampa del proyecto “pluri” reside en una constatación que el propio Redondo hace, quizá sin darse cuenta de su gravedad: la Constitución de 1978 ya reconoce las “nacionalidades”. Y es que la palabra ya está ahí, en efecto (una “sinécdoque”, dice él). El artículo 2 de la Constitución española habla de “nacionalidades y regiones”. Y, sin embargo, cincuenta años después, nadie notaría la diferencia si aquel término hubiera sido suprimido. ¿Ha servido para algo concreto? ¿Ha generado algún derecho exigible? ¿Ha abierto alguna puerta especial para los pueblos que la Constitución llama “nacionalidades”? ¿O más bien ha cerrado puertas, tanto en términos de derechos colectivos como de derechos individuales y fundamentales?

La respuesta, dolorosamente evidente, es que el reconocimiento nominal no ha conseguido aclarar nada. No ha detenido la invasión competencial, no ha garantizado una financiación justa, no ha permitido celebrar ninguna consulta democrática sobre el futuro colectivo (ni siquiera en forma de........

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