"I som on som" |
Hoy conoceremos la sentencia del TJUE que permitirá interpretar, de acuerdo con el Derecho europeo, si la ley de amnistía es aplicable al president Puigdemont y a los demás independentistas procesados por malversación a raíz del referéndum del 1-O. No me corresponde hablar técnicamente de una sentencia sobre la que ya hablan los más expertos (y también los no tan expertos, al parecer), y que aún no he leído. Pero sí puedo hablar de su importancia política. Y no tanto de la sentencia en sí, sino de aquello que hemos llamado la judicialización de la política y que muchos consideran —quizá de forma un tanto prematura— una etapa ya superada.
Nueve años de causas judiciales interminables, de persecuciones, de lawfare, de estancias en prisión y excarcelaciones inmediatas, de luchas interpretativas entre tribunales europeos y tribunales no tan europeos, de espionajes físicos y digitales, de imputaciones por delitos inexistentes, de rebelión, de sedición, de terrorismo (y no solo para los procesados en la operación Judas), de traición, de retorcimientos del Código Penal, de bloqueos jurisdiccionales, de cálculos políticos sobre los calendarios procesales, de una mezcla infinita y perturbadora entre leyes, jueces, abogados y política. Perturbadora para la democracia y también para la cabeza, se entiende. Y todo esto, ¿por qué? Pues porque un proceso de independencia es un proceso político, pero también, evidentemente, un proceso jurídico: un intento de configurar un nuevo marco legal. Y eso tiene unos costes inmensos en términos de batalla judicial. En definitiva, se trata de determinar hasta qué punto fue legal o ilegal hacer lo que se hizo (y lo que podría volver a hacerse). Es importante. Tan importante que el debate jurídico ha perdurado hasta hoy, y todavía le queda recorrido: como ya sabemos, nada termina mañana. Quedan el Tribunal Constitucional, que también juega a hacer política con el calendario, y el Tribunal Supremo, que juega al "quien pueda hacer, que haga". Aquí estamos. Y si hemos llegado a los tribunales, amor mío, dejemos que los tribunales terminen de decidir quién tiene razón jurídicamente, y luego ya veremos qué hacemos con nuestras vidas.
La batalla, por tanto, es política, pero también jurídica, y es importante que así sea. Para........