Lo que diferencia —o diferenciaba— a las democracias de las dictaduras era el compromiso moral de las primeras. Las dictaduras no tienen compromiso moral, son inmorales y actúan arbitrariamente, como cuando, hace 50 años, el general Franco y sus sicarios decidieron arrancarle la vida a un joven de 25 años, de nombre Salvador Puig Antich. El compromiso moral es inherente al contrato social que procura la convivencia en sociedad. Obliga a todo el mundo, pero sobre todo al Estado, porque es su razón de ser. Cuando desde el Estado se rompe el compromiso y no existe ningún contrapoder que lo restaure, la democracia, el Estado de derecho, desaparece progresivamente.
El Tribunal Supremo ha decidido abrir causa penal contra Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg, acusándoles de terrorismo, después de que la Fiscalía no haya encontrado ningún atisbo que sostenga la acusación. No los ha encontrado porque sin armas y sin muertes y con las consignas del Tsunami llamando al diálogo (“Sit & talk”) no hay forma de justificar la acusación. Todo el mundo sabe, incluso lo ha reconocido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que Puigdemont no es un terrorista. Los tribunales europeos que tuvieron que intervenir tampoco quisieron colaborar en la cruzada de los magistrados españoles.
No es seguro, pero es bastante probable, que el ansia persecutoria del poder judicial español quede desautorizada y en ridículo cuando al final del proceso intervengan tribunales imparciales europeos. La cuestión es por qué estos jueces españoles desafían ese riesgo actuando de forma tan chapucera (y tan inmoral). Y todo tiene explicación.
La impunidad con la corrupción, las arbitrariedades judiciales y el cinismo ante las tragedias humanitarias están haciendo perder la autoridad moral de las democracias
Quien ha abierto la causa penal por terrorismo contra Puigdemont es la misma sala que, bajo la presidencia del magistrado Manuel Marchena, condenó a los líderes del proceso a 99 años de cárcel. La amnistía supone una desautorización de la sentencia del procés, un reconocimiento del Estado de que lo que se hizo........