Este martes pasado, un instructor del TS ha ordenado el registro del despacho y las comunicaciones privadas del Fiscal General del Estado (FGE). Sin ningún tipo de restricción. Le investigan un posible delito de revelación de secretos. ¡Qué desproporción! Una medida tan restrictiva de derechos por un delito que el mismo Código Penal no califica de especialmente grave. Para los no juristas, recordaré que habitualmente —este es el término clave, habitualmente; retengámoslo— se intenta adecuar la intensidad de las medidas que adopta un instructor con la gravedad de los hechos investigados. En el caso del FGE se ha hecho, sin embargo, una excepción. Este es el segundo término clave, hacer una excepción. Retengámoslo, pues, también.
La izquierda española empieza a experimentar en carne propia lo que muchos catalanes ya han vivido desde hace tiempo: que no se los trate jurídicamente como es habitual, sino de una manera diferente, sin que se dé —aquí radica la paradoja— ninguna circunstancia legal que lo justifique. Si buscamos un poco —no nos tendremos que esforzar demasiado—, siempre encontraremos una explicación de estos maltratos jurídicos extralegales o, en los casos más pasados de vueltas, directamente ilegales. En el caso del FGE, no hay que ser un Enric Juliana ni un Salvador Sostres para darse cuenta de que ciertas esferas de poder, incluida la judicial, no harían ascos a liquidarlo políticamente. Cuanto más rápido, mejor. El incidente de los correos y del posible fraude fiscal del novio de Ayuso les ha venido de perlas. ¡Tanto da que el delito no sea grave! ¡Ya lo mutaremos, nosotros, a........