Se acabaron las excusas |
Este 16 de julio, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará sus dos primeras sentencias sobre la ley de amnistía: la que responde al Tribunal de Cuentas, que preguntó —seguramente por encargo de quienes no quisieron exponerse directamente a un procedimiento jurídicamente absurdo— por la responsabilidad contable derivada del 1-O (asunto C-523/24), y la que responde a la Audiencia Nacional, que quiso saber si amnistiar a los CDR acusados de terrorismo vulnera el derecho de la Unión (asunto C-666/24). Quince jueces, la formación reservada a los asuntos de mayor calado, y una expectación que en Madrid se ha querido presentar como incertidumbre. No lo es. Lo incierto no es el contenido jurídico de esas sentencias, sino el uso político que se hará de ellas.
Sobre la constitucionalidad de la norma ya no hay debate posible, por más que algunos se empeñen. El Tribunal Constitucional la zanjó dos veces. Primero en la STC 137/2025, de 26 de junio, que desestimó el recurso del Partido Popular y validó la ley con una única corrección que, además, la ensancha: declaró discriminatorio que el artículo 1.1 dejara fuera a quienes actuaron para oponerse a la independencia —policías incluidos— y ordenó que la amnistía se les aplique también a ellos. Después, en la STC 164/2025, de 8 de octubre, que respondió a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo remitiéndose, punto por punto, a lo ya resuelto: estimación parcial únicamente en aquello que amplía la amnistía y desestimación de todo lo demás. El Supremo preguntó y obtuvo respuesta; que la respuesta no le gustara es otro asunto.
Sobre la compatibilidad con el derecho de la Unión, el abogado general Dean Spielmann presentó sus conclusiones el 13 de noviembre de 2025 y son de una claridad que no admite relato alguno. En el asunto del Tribunal de Cuentas propone declarar que el artículo 325 TFUE —el precepto que obliga a los Estados a proteger los intereses financieros de la Unión— no se opone a la extinción de la responsabilidad contable prevista en la ley, porque........