Hay palabras que, a fuerza de repetirse, pierden su significado. "Lawfare" es una de ellas: acuñada para describir un fenómeno preciso y peligroso, se ha convertido en escudo retórico que se interpone cada vez que un juez se aproxima a un nombre incómodo. Hay lawfare cuando concurren causas armadas sobre indicios endebles, jueces dudosamente imparciales, testimonios premiados, procedimientos torcidos y una opinión pública preformada por un dispositivo mediático afín. Sin ese conjunto no hay lawfare; hay, simplemente, una justicia que avanza y, por avanzar, incomoda.

La pregunta legítima es si los procedimientos que hoy afectan al PSOE —los casos Ábalos y Koldo, la pieza separada de Plus Ultra que apunta al expresidente Rodríguez Zapatero, la trama de Santos Cerdán y Leire Díez, las llamadas "cloacas"— responden a aquel patrón. Basta leer tres documentos: el informe de la UDEF de 22 de abril de 2026 en Plus Ultra; el acta de entrada y registro practicada el 19 de mayo de 2026 en la oficina del expresidente Zapatero en Ferraz n.º 35; y, sobre todo, el auto del juez Pedraz que requiere documentación al propio Partido Socialista en las diligencias previas 150/2025. Quien los lea advertirá que la categoría no encaja, y comprenderá por qué se insiste en colocarla.

La primera dificultad es estructural. La instrumentalización judicial exige un proceso concentrado en un órgano alineado con el adversario político —rasgo visible en el Lava Jato brasileño, cuya víctima fue el presidente Lula, y ausente aquí—. Las causas se reparten entre varios juzgados centrales de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo conoce de los aforados, los juzgados ordinarios de Madrid y Badajoz instruyen lo suyo, la Fiscalía Anticorrupción interviene con varios fiscales y los informes técnicos los firman dos cuerpos distintos: la UDEF de la Policía Nacional y la UCO de la Guardia Civil.

Al menos diez magistrados conocen o han conocido recientemente procedimientos que afectan al partido o al entorno de Sánchez. Santiago Pedraz —caso Leire, caso Hidrocarburos—, Ismael Moreno —caso Koldo, Ábalos/Cerdán y financiación delictiva del PSOE— y José Luis Calama —Plus Ultra contra Zapatero— instruyen desde tres juzgados centrales distintos. Leopoldo Puente, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha conocido la causa contra el exministro Ábalos y su exasesor Koldo García, ya juzgados. Juan Carlos Peinado, desde Madrid, ha propuesto que un jurado popular enjuicie a Begoña Gómez y a su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, por cuatro delitos; por ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado esencialmente esta investigación. Arturo Zamarriego instruye, en otro juzgado madrileño, la pieza de la llamada “fontanera”. Beatriz Biedma, desde el Juzgado nº 3 de Badajoz, instruyó el caso del hermano del presidente, cuyo juicio comenzó........

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