Esta semana hemos sabido que Noemí Llorens —la concejala de Pineda de Mar que acusó a Eduard Pujol, senador del mismo partido, de haberla acosado sexualmente— ha pedido perdón por haber mentido sobre el asunto en cuestión, aduciendo que se sintió impulsada a hacerlo por determinadas personas del entorno juntaire. Llorens habría podido hacer el gesto mucho antes, pero solo compartió la verdad del caso (en un escrito judicial) para evitar consecuencias penales y una multa de 80.000 euros debido a un delito de injurias con el que Pujol se había defendido. Según el texto, fue la antigua diputada de Junts, Aurora Madaula, quien la presionó para vociferar que "esta actuación de Pujol era constitutiva de un delito de acoso y me animó a denunciarlo ante el partido y la justicia". Ahora sabemos que la conducta referida, lejos de ser un delito penal, fue una relación afectiva "que habría podido acabar mejor".
Aurora Madaula, todavía vicepresidenta de Junts, se ha defendido argumentando que, al estallar el caso, se entrevistó con Llorens siguiendo "las funciones que le correspondían en ejercicio de la responsabilidad que tenía asignada" (entre las cuales destacaba el asesoramiento legal/psicológico de la denunciante),........