El pasado martes, el Gobierno aprobaba una rebaja del IRPF que suponía que 5,2 millones de contribuyentes se fuesen a ahorrar unos 1.385 millones de euros. Pero, esta rebaja se realizaba sólo en el Reglamento del Impuesto, y queda pendiente que se modifique la ley, puesto que, si no, este ahorro de los contribuyentes se perdería, como lágrimas en la lluvia, si tienen que presentar su declaración de la renta. De hecho, esto es lo que les ocurrirá a muchos contribuyentes este mismo año de entre los que ganan entre 22.000 y 35.200 euros, como el jueves informaba elEconomista.es.
Los beneficiados de esta reforma son los contribuyentes del IRPF que menos ganan, y que verán reducidas las retenciones en sus nóminas. Como, además, estos contribuyentes han sufrido, como el resto, la pérdida del poder adquisitivo derivado de la inflación, a priori, la única crítica posible a esta rebaja de impuestos es por qué no se extiende a más colectivos de contribuyentes. Aún así, como veremos, esta rebaja de retenciones acentúa graves problemas del IRPF que tienen que pagar las rentas más bajas, y que deberían solucionarse en la ley.
Es cierto que la inflación se redujo en 2023 respecto al año anterior. Pero, con todo, el IPC con el que cerramos en diciembre de este último año fue del 3,1% (3,3% en tasa armonizada). Esto implica que, si no se modifican los parámetros del IRPF, los contribuyentes sufren lo que se denomina "progresividad en frío". Este fenómeno supone un aumento del tipo efectivo del IRPF con la misma o menor capacidad económica, es decir, una subida real de impuestos. El problema es que, además, llueve sobre mojado. En los últimos años no se actualiza ni la tarifa ni prácticamente ningún elemento del impuesto pese a que la inflación está siendo más elevada.
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