Pablo Hasél, la cárcel como mordaza |
Pablo Hasél tiene 37 años y lleva cinco en prisión. No está encerrado en prisión por lo que hizo, sino por lo que dijo, lo que cantó, lo que tuiteó. Por lo que incomoda, lo que molesta, lo que enfada al sistema. Antes de la sentencia, la voz de Pablo Hasél era ya la medida exacta de la inconmensurable injusticia que sería su encarcelamiento y del miedo que el Estado tiene a la palabra que le señala. El rapero fue condenado en 2018 por la Audiencia Nacional a dos años y un día de cárcel, y a una multa de casi 30.000 euros, por enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la Corona y a las instituciones del Estado. Ese fue el castigo. Los hechos, 64 tuits y una canción en YouTube en los que aludía a ETA y a los GRAPO. En las resoluciones judiciales se insiste en que sus mensajes suponían una “exaltación de la violencia” y un supuesto peligro para el orden constitucional. Como si unas rimas radicales fueran equiparables a una pistola cargada. En 2021 se ordenó su ingreso en prisión para cumplir condena firme. Tenía antecedentes previos porque los cuerpos de seguridad reprimían desde siempre su voz.
Amnistía Internacional ha recordado una y otra vez que su condena por esos mensajes fue injusta y desproporcionada y que entre febrero de 2021 y marzo de 2023 cumplió pena de cárcel por actos vinculados al ejercicio de su libertad de expresión. Sigue encarcelado por otras causas, similares aunque ajenas a esta. Es un preso político en la España de 2026. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado la condena por injurias a la Corona, considerando “infundada” la defensa de Hasél y negando la desproporción de la sentencia, en una decisión que legitima la punición del insulto al monarca. Como si el rey fuera más vulnerable que cualquier otra persona, y no al contrario. En el trasfondo jurídico laten artículos como el 578 del Código Penal —el del “enaltecimiento”—, utilizados de manera arbitraria contra expresiones políticas y artísticas, y criticados por organizaciones de derechos humanos, que los consideran una mordaza disfrazada de protección frente al “discurso del odio”. La cárcel como mordaza política. Que un rapero sea privado de libertad por sus canciones y sus tuits en una democracia europea debería ser una anomalía intolerable, no un expediente rutinario de la Audiencia Nacional. La desproporción de las penas se vuelve obscena si además se tiene en cuenta que ETA dejó de matar hace años, mientras que se penaliza como “terrorismo” la provocación verbal dirigida contra el Estado y sus símbolos.