Me imagino que cuando Mariano Rajoy decidió que no fuera el president de la Generalitat el que disolviera el Parlament y convocara nuevas elecciones, sino que optó por recurrir al artículo 155 de la Constitución, con la finalidad de suspender al Govern en el ejercicio de sus funciones, privando a sus miembros del fuero jurisdiccional ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y autoatribuyéndose la facultad de disolver el Parlament y convocar elecciones para el 20 de diciembre de 2017, pensó que podría poner fin al procés en un plazo breve, delegando en la Fiscalía General del Estado la respuesta al mismo.

El plan que pudiera tener en la cabeza el entonces presidente del Gobierno inició su aplicación de acuerdo con lo previsto. El fiscal general, José Manuel Maza, activó de manera inmediata una querella contra los depuestos miembros del Govern por el delito de rebelión ante la Audiencia Nacional y contra la depuesta presidenta y varios miembros de la Mesa del Parlament ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS). Que también de manera casi inmediata acabaría concentrando el conocimiento de ambas querellas.