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El juicio a la rebelión que nunca existió

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13.02.2019

¿Qué es el delito de rebelión? Responde el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1987: "Por definición, la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos, con una finalidad de producir la destrucción del orden constitucional".

No hubo armas, no hubo tiros, no hubo explosivos y no son estas las únicas curiosidades de la "rebelión" catalana del 1 de octubre de 2017. Fue un "alzamiento público y violento" –según exige el Código Penal– que en realidad fue pacífico y discreto, porque cuando ese "golpe de Estado" estaba ocurriendo nadie lo tachó como tal. Ni el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, que siguió negociando con los independentistas a través de varios mediadores. Ni su Consejo de Ministros, que no aplicó los mecanismos de respuesta que establece la Constitución ante una verdadera rebelión: el Estado de alarma, sitio o excepción. Ni tampoco la Fiscalía, que tardó un mes en llevar ese supuesto "golpe de Estado" ante los tribunales.

Si tras aprobar la declaración de independencia el Govern catalán hubiera dado órdenes a los Mossos d'Esquadra de tomar el control de los aeropuertos y estaciones de tren, asegurar las fronteras y expulsar a la Guardia Civil de la nueva República catalana por la fuerza de las armas, hoy los líderes independentistas se enfrentarían exactamente a la misma acusación: rebelión.

En vez de eso, tras declarar la independencia, se fueron a casa. Y aceptaron pacíficamente el 155 y la disolución del Parlament.

A Oriol Junqueras la Fiscalía le pide 25 años de cárcel. Un asesinato se pena con entre 15 y 20 años de prisión.

La rebelión se juzga en Madrid

"¿Puede haber imparcialidad y serenidad si la causa de rebelión y sedición se manda a Catalunya?". Es la pregunta clave en el juicio al procés y que explica cómo hemos llegado hasta esta acusación de rebelión sin armas ni explosivos. La formuló, hace unos días, uno de los fiscales de la Audiencia Nacional, Pedro Rubira, que confesó al fin en público algo que piensan y dicen en privado muchos otros jueces y fiscales: que el independentismo había que juzgarlo en Madrid, no en Barcelona. Piensan estos juristas que los jueces del Supremo y la Audiencia Nacional son "imparciales" y "serenos" con los independentistas, pero los del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya no.

Esta misma premisa es la que explica en gran medida el porqué de la rebelión. Fue esta misma reflexión la que llevó a la querella inicial al entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Fue el 30 de octubre de 2017 ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Sus subordinados de la Fiscalía de de Catalunya ya habían presentado otra tras el Pleno del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre que se instruía en el Tribunal Superior de Justicia y que dio pie a que la magistrada instructora ordenara impedir el referéndum previsto para el 1-O.

En la querella de Maza ya se defendía la conveniencia de sacar la instrucción penal y el juicio del "ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña" en favor "de un tribunal de fuera de ese territorio" para evitar que los partidos independentistas "condicionarán" a los jueces. Como........

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