Frente a la amenaza, no hay equidistancia ni matiz. Igual que frente a la libertad de información y expresión. O se está a favor o se está en contra. Y si se está a favor, hay que hacerlo con todas sus consecuencias. El periodista, como el político, no es un ciudadano impune. Y si sus informaciones son falsas debe pagar por su culpa, como corresponde en un estado de derecho. Nada de lo publicado por elDiario.es sobre los negocios, el fraude, las facturas falsas, las empresas fantasma o los delitos que se le imputan a la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha suscitado el más mínimo debate sobre su veracidad. Y eso que van ya más de 20 informaciones. Una tras otra.

Sin embargo, las atroces amenazas de su jefe de gabinete contra este periódico -“Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar” no son merecedoras de una condena explícita para Alberto Núñez Feijóo. Tampoco que Miguel Ángel Rodríguez (MAR) haya reconocido haber difundido un bulo, publicado por algunos medios, en el que aseguraba que “periodistas encapuchados” de elDiario.es intentaron asaltar la casa de su jefa a raíz de la investigación penal abierta a la pareja de la presidenta.