Crisis política en tinte rojo intenso |
Un día bastó para que la acusación, exigencia de captura y solicitud de extradición desclasificadas y presentadas el miércoles pasado al mediodía ante un tribunal estadounidense contra el gobernador morenista en funciones Rubén Rocha Moya y otros once funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por asociación delictuosa, narcotráfico, manipulación electoral, secuestro de adversarios políticos y hasta homicidios de informantes, adquiriera el tinte rojo intenso de una crisis política interna y externa sin precedente en el gobierno de Claudia Sheinbaum y en el de los cuatro que lo han precedido.
En la acusación del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, -uno de los diez documentos entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores el martes 28 de abril pasado con la petición de detener a los acusados con fines de extradición- hay al menos dos elementos explosivos:
1. La acusación de que las elecciones de 2021 en Sinaloa habrían sido intervenidas por la facción del Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos, con intimidación y secuestro de rivales políticos, así como el robo de papeletas para favorecer a Rocha Moya a cambio de protección, impunidad y libertad operativa para la organización delincuencial.
Y 2. El nivel de confrontación, muy cercano a la ruptura, al que ha llegado la relación bilateral con Estados Unidos luego de que -en orden cronológico inverso- el gobierno de Sheinbaum recriminara ayer a Washington la violación de la confidencialidad a la que obliga el tratado de extradición entre los dos países, exigiera pruebas contundentes y suficientes de la acusación sin las que, dijo, “el objetivo de esta acusación es político” y calificara de “injerencista” al embajador estadounidense en México, Ronald D. Johnson; mientras que el 19 de abril anterior un azaroso y trágico accidente desvelara la intervención no autorizada de dos agentes de la CIA muertos en un operativo antinarcóticos en Chihuahua y diera lugar a reclamos de responsabilidad constitucional a la gobernadora panista de esa entidad, María Eugenia Campos, y a sus funcionarios por haberlo autorizado sin tener la atribución de hacerlo y de que, antes de ese........