Los días previos a la transmisión del poder de AMLO a Sheinbaum transcurren vertiginosos. Los acontecimientos que se suceden este septiembre, último mes de un sexenio que para bien o para mal ya es punto de inflexión en la historia reciente del país, son de vértigo, de esos que trastornan el equilibrio y turban el juicio.
Su suma confirma que estamos en ruta de una crisis constitucional por la colisión entre los tres poderes de la unión. El Judicial está en abierta rebelión contra la reforma a su diseño y operación propuesta por el Ejecutivo y avalada ya en el Legislativo por la cámara de Diputados y a un voto de que la de Senadores lo ratifique.
Comisiones de esta última iniciarán hoy la dictaminación.
Si no es en su sede oficial de Paseo de la Reforma (porque está bloqueada por empleados del Poder Judicial Federal en una huelga sin precedente a la que se han sumado jueces, magistrados y hasta ministros de la Corte, aunque ya en franca ruptura con otros que apoyan la reforma), lo harán en una alterna por definir, para dar paso al debate y votación en el pleno senatorial el miércoles próximo.
Desde su protesta, la judicatura federal no ha agotado todos sus recursos. Primero para congelar el proceso legislativo del Senado y después, incluso, para declararla inconstitucional.
En el primer caso se tiene de aquí al miércoles para que la Corte atraiga y resuelva sobre la suspensión del proceso legislativo ordenada por tres jueces federales a otros dos que hace una semana se ampararon contra la reforma.
La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, llamó a consultas al pleno para determinar si le está permitido al máximo tribunal del país atraer las referidas suspensiones, como se lo solicitó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, petición formal esta que le fue turnada (porque dijeron que a ella le tocaba) a Lenia Batres, ministra favorable a la........