La indiferencia es el mayor cómplice del odio. No la crueldad explícita, no la violencia declarada, sino esa callada aquiescencia con la que las sociedades dejan prosperar los discursos incendiarios, hasta que ya es tarde para apagarlos.

Colombia conoce bien ese peligro. Desde los tiempos de Laureano Gómez —apodado con sobrada razón «el Monstruo»—, el lenguaje político se convirtió en arma. En la década de los cuarenta, sus palabras incendiarias señalaban enemigos, trazaban fronteras entre compatriotas y llamaban, veladamente, a la violencia. Esa virulencia tuvo consecuencias: el 9 de abril de 1948, Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado, y con él cayó también una promesa de país. Lo que vino después fue el Bogotazo, y luego, por varios años, los campos se tiñeron de sangre de inocentes, que nunca supieron bien por qué morían.

Sobrevino entonces el Frente Nacional, ese pacto de élites que entre 1958 y 1974 administró La Paz, a costa de la pluralidad. Quienes pensaban distinto eran tildados de comunistas y auxiliares de la subversión. El mismo lenguaje de odio, diferentes destinatarios. La misma lógica de exclusión.

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