¿Puede el Estado obligarnos a vivir?

Hay dos certezas que compartimos todos los seres humanos: vamos a morir y preferimos no hablar de ello. Hemos construido sistemas de salud, religiones, códigos penales y tradiciones enteras para convivir con esa realidad; sin embargo, cuando la conversación deja de ser abstracta y adquiere un planteamiento concreto, el debate se vuelve incómodo.

Imaginemos a una persona que sabe que su enfermedad es irreversible, que la medicina ya no puede ofrecerle una cura, que cada día implica más dolor, más dependencia o una pérdida progresiva de aquello que considera una vida digna. ¿Debe tener derecho a decidir cuándo poner fin a ese proceso? ¿Puede el Estado obligarla a permanecer con vida?

Durante años, México ha evitado discutir esas preguntas. Por eso la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de atraer un caso sobre la prohibición de la eutanasia y el suicidio asistido merece atención. No porque vaya a resolver de inmediato uno de los debates más complejos de nuestro tiempo, sino porque representa el momento en que una institución pública acepta hacerse cargo de una conversación que la política ha preferido posponer.

El asunto llegó a la Corte a partir del caso de una persona que impugnó diversas........

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