“¿Todos deberían votar?”

“Yo creo que no. Y lo volvería a decir 75 veces.”

La frase no es menor. Tampoco es una simple provocación académica. Es una confesión política.

Porque cuando alguien afirma que el derecho al voto debe condicionarse a demostrar conocimientos mínimos sobre el Estado, no está defendiendo la educación cívica: está proponiendo una democracia con filtro, una ciudadanía con candado y un país donde algunos se sientan con derecho a decidir quién merece tener voz.

Y hay que decirlo con total claridad, la democracia no nació para que una élite reparta permisos de ciudadanía. Nació precisamente para acabar con eso.

La democracia moderna se sostiene sobre una idea poderosa e irrenunciable: todas las personas valen políticamente lo mismo frente al Estado. No importa si tienen doctorado o si apenas terminaron la primaria. No importa si viven en una gran ciudad o en la comunidad más apartada del país. No importa si hablan con lenguaje técnico o si explican sus necesidades desde la experiencia diaria.

La dignidad ciudadana no se mide con un examen.

El voto no es un premio para quienes saben más. Es un derecho de quienes forman parte de una nación.

Por eso resulta profundamente preocupante que una profesora de Teoría Constitucional plantee que el acceso al sufragio deba pasar por un filtro de conocimientos. No porque la educación cívica no importe. Claro que importa. Una democracia necesita ciudadanas y ciudadanos informados, críticos y participativos.

Pero una cosa es educar para fortalecer la democracia y otra muy distinta es usar la educación como pretexto para limitar derechos.

El Estado tiene la obligación de educar. No la facultad de excluir.

Si mañana aceptamos que sólo voten quienes aprueben un examen sobre instituciones públicas, abrimos una puerta peligrosísima.

¿Qué sigue? ¿Un examen de economía? ¿Uno de historia? ¿Uno de........

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