El atajo militar |
La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, intentó deslindar a Rubén Rocha Moya de una decisión clave: el nombramiento del general Gerardo Mérida como secretario de Seguridad Pública. Señaló que no fue decisión del gobernador con licencia, sino de la Secretaría de la Defensa. La frase, quizá pensada para proteger a Rocha, abrió una pregunta más importante: si no lo nombró el gobernador, ¿quién decidió la seguridad de Sinaloa y quién es corresponsable de sus consecuencias?
El caso exhibe el modelo construido durante los últimos años. Mérida fue detenido en Estados Unidos por señalamientos de presuntos vínculos con Los Chapitos. Después, fuentes militares buscaron corregir el señalamiento diciendo que no habría sido una decisión institucional de la Sedena, sino una designación impulsada por el general Audomaro Martínez, entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y muy cercano a López Obrador.
Esa disputa por lavarse las manos no resuelve el problema; lo agrava. Unos apuntan a Sedena, otros al CNI, otros más culpan directamente........