En México, ser organización de la sociedad civil (OSC) con autorización como donataria se ha vuelto una carrera de obstáculos. Implica cumplir con requisitos cada vez más complejos, responder a múltiples controles fiscales y sobrevivir bajo la amenaza constante de perder el registro por cualquier incumplimiento administrativo. Sin embargo, cuando se trata del poder, las reglas parecen doblarse.

El reciente caso de la asociación promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para recaudar fondos con destino a Cuba no solo abre dudas sobre su legalidad; exhibe la desigualdad en el trato que el Estado da a la sociedad civil frente a los proyectos políticos.

Hoy en México existen poco más de 10 mil donatarias autorizadas. Es un universo que viene disminuyendo; en los últimos años, miles de organizaciones han perdido su autorización por revocación, cancelación o pérdida de vigencia. Tan solo entre 2020 y 2025 se registraron casi 5 mil salidas de este régimen. Detrás de esas cifras hay organizaciones que dejaron de operar, que no pudieron sostener la carga administrativa o que simplemente fueron asfixiadas por un entorno cada vez más restrictivo y hostil.

Esta situación no es casualidad, recordemos que el 14 de febrero de 2019, López Obrador marcó un punto de quiebre; instruyó, mediante su primer memorándum, que se cancelaran todos los apoyos del gobierno federal a las OSC. No fue solo una decisión administrativa, fue una definición política, al instruir que el gobierno dejara de fomentar a las organizaciones para concentrar en sí mismo la facultad de repartir apoyos.

En otras palabras, el poder decidió que no quería intermediarios, ni contrapesos, ni ciudadanos organizados; y lo logró, obtuvo el control total de la distribución de recursos.

A partir de ahí comenzó un doble proceso. Por un lado, se desmontaron los mecanismos institucionales de relación con la sociedad civil —como el Indesol— y se diluyó la política pública en la materia dentro de estructuras burocráticas. Por el otro, se fortaleció un modelo de transferencias directas desde el gobierno, sin transparencia sobre su asignación ni evaluación de impacto.

El resultado fue predecible, mientras el gobierno concentró el poder de “dar”, miles de organizaciones perdieron capacidad de acción. Un ecosistema que iba empoderándose con organizaciones activas empezó a debilitarse.

En ese contexto, el contraste es brutal. Mientras a una organización ciudadana le puede tomar meses o incluso años obtener autorización como donataria, acreditar su objeto social, cumplir con requisitos fiscales y sostener una carga regulatoria creciente, hoy vemos cómo una asociación vinculada políticamente puede surgir, obtener autorización y comenzar a captar recursos en tiempo récord, además con un destino internacional que ni siquiera corresponde al tipo de autorización que tiene.

No estamos frente a un acto de solidaridad con el pueblo cubano, estamos frente a un problema de legalidad y de equidad. Una cosa es ayudar, y otra muy distinta es hacerlo usando una figura fiscal para fines distintos a los autorizados. Eso, en cualquier otro caso, sería motivo de sanción.

Más allá del caso específico, lo que debería preocuparnos es el mensaje que deja la Presidenta y es que en México las reglas no son iguales para todos, son estrictas para la sociedad civil y flexibles para el poder.

Cuando la ley deja de ser un marco común y se convierte en una herramienta discrecional, lo que se erosiona no es solo la confianza en las instituciones, sino la posibilidad misma de que los ciudadanos se organicen para resolver lo que el Estado no puede resolver. Al final, lo que está en juego no es una asociación, ni una colecta, es el espacio de la sociedad frente al poder.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

© El Universal