La reciente reforma judicial en México ha despertado inquietudes sobre su impacto en la independencia judicial y la protección de los derechos humanos, sin embargo, al tratarse de una reforma constitucional se argumenta que no puede ser revisada judicialmente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos precedentes que las reformas a la Constitución no son susceptibles de revisión a través de los mecanismos de control constitucional existentes.

En primer lugar, la constitución no faculta explícitamente al Poder Judicial para revisar reformas constitucionales, y segundo, se considera que la Constitución es una unidad cuyos preceptos son interdependientes, lo que implica que no puede haber contradicciones internas. Además, permitir que los mecanismos de protección constitucional nulifiquen su propio contenido se percibe como incongruente.

El problema de este criterio es evidente, cualquier reforma constitucional, por más arbitraria o contraria a los derechos humanos, quedaría fuera de todo control judicial. Esto otorgaría a los legisladores un poder casi absoluto, por encima de los valores constitucionales, los derechos humanos y la voluntad popular.

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