“¿Y por qué se tendría que investigar a los hijos de López Obrador? ¿Cuál es la razón?”. Así respondió, iracunda e indignada, Claudia Sheinbaum a una pregunta incómoda durante su conferencia matutina, en medio de la polémica por la investigación sobre el mayor quebranto documentado en la historia moderna del país: el huachicol fiscal.

La pregunta, sin embargo, parte de una premisa equivocada. En una democracia moderna no se investiga por consigna ni por animadversión, pero tampoco se cancela una indagatoria por apellido. Se investiga cuando hay indicios, documentos, conflictos de interés y patrimonios que no cuadran. Y en este caso, razones sobran.

Una de ellas es El Clan, nombre con el que se conoce la investigación que documentó una red de tráfico de influencias y negocios opacos en torno a los hijos mayores de Andrés Manuel López Obrador y a su círculo cercano de empresarios, operadores y funcionarios públicos. Audios, archivos y contratos exhibidos colocaron en el centro del debate la relación entre poder político y poder económico, uno de los mantras del expresidente.

La red opera a través de posiciones estratégicas dentro del gobierno ocupadas por amigos cercanos de Andy López Beltrán a quienes habría colocado en puestos clave del gobierno de su padre y desde ahí facilitar el acceso a contratos y negocios. Entre ellos destacan Marath Baruch Bolaños, secretario del Trabajo ratificado en el nuevo gobierno; Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía de la Presidencia y hoy diputado........

© El Universal