En Cartagena hay una discusión que aparece cada vez que alguien propone ordenar el uso económico de las playas: “¡No a la privatización!”. Y tienen razón quienes defienden que las playas son bienes públicos y que el acceso al mar no puede depender de la capacidad de pago en una ciudad que ofrece pocos espacios de esparcimiento a sus ciudadanos más vulnerables.

Pero hay una paradoja que deberíamos discutir: ¿qué pasa cuando una playa pública ya está privatizada en la práctica? Eso es lo que ocurre en Playa Blanca. Basta recorrerla para comprobar que encontrar un metro cuadrado de arena libre, donde una familia pueda simplemente poner una toalla y disfrutar del mar sin consumir o tener que pagar por una silla y una sombrilla, resulta cada vez más difícil. Carperos, lancheros, restaurantes y........

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