Cerramos un año especiamente inquietante para la democracia mexicana. No ha habido una ruptura abierta al orden constitucional, pero sí algo díficil de revertir: la normalización de prácticas y reformas de gran calado que, vistas en conjunto, apuntan a una transformación profunda —y preocupante— del sistema político.

La primera elección judicial es quizá el ejemplo más claro. Más allá de los efectos inmediatos sobre el Poder Judicial, dejó un precedente alarmante: la posibilidad de celebrar comicios sin garantizar condiciones mínimas de libertad e igualdad políticas. Como sabemos, ello no obedeció sólo a un diseño normativo deficiente, sino también al papel activo de [las mayorías formadas al interior de] las autoridades electorales nacionales, tanto administrativa como jurisdiccional, que terminaron por diluir esas condiciones. La reducción de casillas, una geografía electoral desigual y la complejidad de las boletas se sumaron a la ausencia de una contienda real, generando irregularidades que se tradujeron en una intervención abierta de actores gubernamentales —como la operación acordéon— que creíamos........

© El Universal