Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, pidió ayuda. Lo hizo públicamente, una y otra vez. Por la vía formal y mediática. Advirtió sobre las amenazas, denunció la violencia que rodeaba su gestión y solicitó mayor respaldo de las fuerzas federales. Después de su asesinato en noviembre pasado, comenzó el debate sobre si contaba o no con protección suficiente. Las autoridades sostuvieron que sí, pero sus colaboradores, simpatizantes y familiares cuestionaron si esas medidas realmente correspondían al nivel de riesgo que enfrentaba, ya que, como ahora sabemos, algunos de los 24 detenidos por el caso formaban parte de su círculo más cercano. Como suele ocurrir en México, la discusión y las acciones de prevención llegaron después de la tragedia.

Hoy, ese antecedente vuelve a la memoria de forma inminente ante el caso de la diputada........

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