El comunicado oficial cambia una parte del debate que, como pólvora, circuló durante las primeras horas de ayer en redes sociales, antes de la postura formal del Gabinete de Seguridad, pero no lo cancela. Ya no estamos únicamente frente a versiones periodísticas o filtraciones sobre una presunta liberación irregular. Ahora es el propio Gabinete de Seguridad el que reconoce que, durante el operativo, fue localizada una mujer identificada como hija de un líder criminal y que fue liberada porque no existían mandamientos legales en su contra ni elementos que acreditaran una relación directa con actividades delictivas.

Jurídicamente, esa explicación puede resultar sostenible. Políticamente e institucionalmente, el episodio sigue siendo profundamente inquietante. Porque el problema ya no radica sólo en la liberación, sino en lo que el propio Estado terminó admitiendo y en la forma en que lo explicó. No estamos necesariamente ante una réplica burda del Culiacanazo, aquella escena vergonzosa en la que el crimen dobló al Estado con fuego, terror y el cobarde coqueteo político del obradorismo frente a los capos. Este eventual Alamazo sería distinto en la forma, pero no menos delicado en el fondo. Lo que revela no es únicamente la fuerza del crimen, sino también las limitaciones de un Estado que llega hasta el círculo íntimo de una de las familias criminales más emblemáticas del país y termina explicando por qué no podía proceder más allá.

Ahí está el verdadero núcleo del problema. No sólo........

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