Bajo Petro (2022-2026), las altas cortes han estado exigidas, pero afortunadamente diligentes a la hora de realizar sus tareas de control judicial. El disparatado accionar del Gobierno incluyó cinco declaratorias de excepción (entre emergencias económicas y conmociones), aduciendo supuestos hechos sobrevinientes en materia ambiental-social y la carencia de recursos para enfrentarlos.

El grueso de ellos fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional por tratarse de hechos recurrentes que el Gobierno ha debido encarar de manera diligente y estructural, como la provisión de energía y lucha contra la pobreza en La Guajira. Pero, claro, el Gobierno anda azarado y sin ruta clara en las cruciales áreas de energía, salud pública e infraestructura, donde sus ministros llegan a aprender, pero muchos abandonan sus oficios antes de 18 meses.

La opinión pública tal vez no esté enterada de que todo presupuesto anual reserva partidas importantes para enfrentar este tipo de calamidades (como las recurrentes inundaciones en La Mojana, de Bolívar). Y que cuando ellas........

© El Tiempo