Fortalecer la justicia y la reconciliación |
Colombia atraviesa uno de los procesos electorales más desafiantes e intrincados de su historia. Se trata de un ambiente al que puede aplicársele el concepto militar Vica –volátil, incierto, complejo y ambiguo–, adjetivos que describen perfectamente el escenario que vivimos. Por ello, este año debemos aproximarnos a los retos en seguridad, defensa y paz con altura y prudencia, para que sean ejes del debate electoral.
Uno de los primeros desafíos para los gobernantes y legisladores elegidos es abordar la seguridad y defensa desde la estabilidad institucional. En este campo, diversas voces han manifestado preocupación por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro ha señalado fallas de esta institución y ha indicado que los militares se encuentran “acorralados” por una justicia que, en la práctica, ha adquirido rasgos adversariales, no dialógicos. A la vez, integrantes de la reserva de la Fuerza Pública muestran desconcierto porque la presunción de inocencia parece invertirse en presunción de responsabilidad objetiva sobre militares y policías: de todos los imputados por la JEP hasta febrero de 2026, el 70 % son de la Fuerza Pública, y solo el 30 %, de las Farc. Cifras como estas llevan a que desde distintas orillas surjan cuestionamientos sobre la celeridad de esta jurisdicción en unos casos y la lentitud en otros.
Para garantizar el orden constitucional, todos los actores deben sentir que el sistema judicial actúa con equilibrio e imparcialidad, reconociendo el marco del DIH y diferenciando claramente entre los actos propios del conflicto y aquellos que no lo son. También se entiende que en este ambiente Vica algunos integrantes de la Fuerza Pública en retiro, así como jurisconsultos y políticos, propongan reformar la JEP o, incluso, cesar su funcionamiento.
Sin embargo, precisamente por respeto a las víctimas –entre ellas, miles de valerosos militares y policías–, debe prevalecer la sensatez: cerrar la JEP acabaría con la seguridad jurídica de cientos de integrantes de la Fuerza Pública que ya han resuelto su situación, y para quienes aún no lo han hecho, existen recursos judiciales que permiten ejercer plenamente sus derechos.
Nuestro país debe unirse en procura de una justicia auténtica, ecuánime y confiable. Por ello, es indispensable discutir sin apasionamientos y con argumentos diferentes iniciativas de reforma, para que haya mecanismos reales e independientes de impugnación y reglas objetivas de imparcialidad. Asimismo, es necesario revisar los criterios de vinculación reiterada a múltiples macrocasos que podrían comprometer el principio esencial –ampliamente documentado y aplicado– de no juzgar dos veces por el mismo hecho (‘non bis in idem’).
Es indispensable discutir sin apasionamientos y con argumentos diferentes iniciativas de reforma, para que haya mecanismos reales e independientes de impugnación y reglas objetivas de imparcialidad
La compleja contienda electoral de 2026 nos obliga a elevar el nivel del diálogo y de la discusión. Para fortalecer la justicia transicional es imperativo analizar propuestas oportunas y responsables, pues omitirlas pondría en riesgo no solo a los directamente implicados, sino también la institucionalidad y la seguridad de Colombia. Como rector de la Universidad Militar Nueva Granada, estoy convencido de que una paz firme se construye formando ciudadanos con sentido ético y espíritu crítico y garantizando que las reglas del juego sean justas para todos.
Debemos transitar hacia un escenario en el que la seguridad, la defensa y la paz dejen de ser elementos de polarización y se conviertan en compromisos en los que todos –Estado, ciudadanía, Fuerza Pública, instituciones y academia– actuemos unidos. En este propósito, una justicia verdaderamente equilibrada, que observe los principios constitucionales y el DIH, contribuirá a que los procesos electorales de 2026 sean el inicio de una era de reconciliación nacional y estabilidad democrática para toda nuestra sociedad.
MAYOR GENERAL (R) JAVIER ALBERTO AYALA AMAYA, PH. D.*
Rector de la Universidad Militar Nueva Granada