30 años de impunidad

Hace más de tres décadas, en junio de 1996, la Cámara de Representantes decidió, por 111 votos contra 43, que no había méritos para que el presidente Ernesto Samper fuera juzgado por el Senado, por la llegada a su campaña electoral de 1994 de 6 millones de dólares procedentes del cartel de Cali, el mayor exportador de cocaína de la época tras la desaparición del grupo de su sanguinario competidor de Medellín, Pablo Escobar, dado de baja en los tejados de uno de sus refugios en la capital antioqueña, en diciembre de 1993.

LÉELA PRIMERO

Recibe un día antes las columnas de Mauricio Vargas. Adelanto exclusivo para suscriptores.

Aunque la Justicia demostró que esos dineros mafiosos aterrizaron en la campaña y condenó a varios directivos, entre ellos el tesorero Santiago Medina; el gerente de la campaña, Fernando Botero Zea, y decenas de congresistas y cómplices, el principal beneficiario de esa operación criminal —Samper mismo, quien llegó al poder gracias al empujón de los capos de Cali— no recibió castigo. Al menos no de parte de su juez natural, el Congreso, pues, en........

© El Tiempo