Antioquia ya pagó el precio del narcotráfico. Lo pagó en sangre, en miedo y en generaciones marcadas por la violencia de Pablo Escobar. Lo pagó cuando Medellín fue sinónimo mundial de terror. Y lo superó con trabajo, con empresa y una decisión colectiva de no volver atrás. Por eso, duele que las decisiones del Gobierno revivan ese legado que tanto daño causó y utilizarlo como instrumento de presión contra una sociedad que no se ha doblegado.

El comisionado de Paz solicitó suspender las órdenes de captura contra 23 cabecillas de las estructuras criminales más peligrosas de Medellín. Tres días después, la Fiscalía accedió, otorgándoles seis meses de impunidad y libertad para delinquir. Todo esto, a meses del fin del gobierno y en plena coyuntura electoral.

La pregunta no es jurídica. Es política. Y la respuesta es contundente: esto no es una estrategia de paz, es una venganza. No hay tiempo real para un proceso serio de sometimiento. Hay, en cambio, una lógica de retaliación contra una sociedad que no se ha arrodillado ante el Gobierno y que históricamente ha enfrentado tanto la corrupción como la delincuencia.

Esto no es una negociación de paz. Es un acuerdo entre quienes operan bajo la misma lógica: la del crimen.

Los beneficiarios de esta decisión son, sin rodeos, los peores enemigos de la sociedad. Los herederos directos del aparato criminal que dejó Pablo Escobar: alias Douglas, de ‘la Terraza’; alias Tom, de ‘los Chatas’, y Lindolfo, de la ‘oficina de Envigado’.

No se trata de estructuras residuales. ‘La Oficina’ es la heredera directa del poder criminal de Escobar. ‘La Terraza’, activa desde esa época, evolucionó hacia redes de homicidio, extorsión y narcotráfico. Hoy, según Insight Crime, estas organizaciones tienen presencia en cerca del 85 % del Valle de Aburrá. Incluso desde las cárceles han mantenido control territorial y capacidad de coordinación criminal.

Esto significa devolverles poder a los criminales que la justicia y la Fuerza Pública habían debilitado durante años. Significa retroceder en seguridad, reabrir espacios para el control territorial ilegal y permitir que estas estructuras consoliden nuevamente su dominio. No es una medida técnica: es una señal peligrosa.

Porque en vísperas de elecciones, esta decisión abre la puerta para que esas estructuras presionen, intimiden y condicionen la vida política en los territorios donde ya tienen influencia, como lo acabamos de ver en las elecciones al Congreso, donde el 52 % de los votos del Pacto Histórico provienen de territorios controlados por el narcotráfico.

No hay tiempo real para un proceso serio de sometimiento. Hay, en cambio, una lógica de retaliación contra una sociedad que no se ha arrodillado ante el Gobierno y que históricamente ha enfrentado tanto la corrupción como la delincuencia

Petro no está apostando por la paz, está apostando por el poder. Quiere que su heredero gane con todas las formas de lucha: con corrupción desbordada y con estructuras ilegales que, en los territorios que no se arrodillan, pueden terminar imponiendo el voto bajo presión. Eso no es democracia. Es otra cosa.

Y aquí hay algo que no puede seguir maquillándose: el gobierno de Petro ha mostrado un desprecio evidente por Antioquia. No es una frase ligera. Es una conclusión que se desprende de decisiones y discursos en un territorio que ha sido crítico de su proyecto político.

El Gobierno insiste en llamar a esto “paz total”. Pero los resultados muestran lo contrario. Las disidencias de las Farc han crecido de forma significativa, los asesinatos de líderes sociales continúan, el reclutamiento de menores persiste y no hay resultados concretos en desmovilización ni entrega de armas. La paz no se construye debilitando al Estado frente al crimen.

Porque cuando el Estado suspende la persecución contra quienes han construido su poder desde la ilegalidad, el mensaje es devastador: que delinquir sí paga, que la presión armada funciona y que la legalidad es negociable.

En conclusión, no es una política de paz. Es revivir el legado de Escobar que Antioquia decidió enterrar. Es una venganza de Petro contra Antioquia.

LUIS FELIPE HENAO CARDONA

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