La respuesta que sigue pendiente |
Colombia no puede darse el lujo de la ambigüedad. Mientras las disidencias se expanden, el narcotráfico financia nuevas estructuras armadas y el Estado pierde control territorial, Iván Cepeda aspira a liderar el país sin haber respondido con claridad una pregunta esencial: ¿cuál es su verdadera posición frente a las Farc y sus herederos?
No es un ataque personal. Es una exigencia democrática de coherencia y transparencia.
La historia pesa. Manuel Cepeda Vargas, padre del hoy candidato, fue una figura del Partido Comunista tan cercana a las Farc que esa organización dio su nombre a dos de sus frentes más violentos: el frente 42, que sembró terror en municipios cercanos a Bogotá, y el frente urbano ‘Manuel Cepeda’, en Cali, implicado en el secuestro y asesinato de los once diputados del Valle. Ese dato revela una afinidad política cuya dimensión simbólica nunca ha sido suficientemente explicada.
En 2008, tras la operación Fénix, en la que fue abatido ‘Raúl Reyes’, los computadores incautados incluyeron comunicaciones internas de las Farc que mencionaban la coordinación de marchas promovidas por Cepeda. En uno de los mensajes se afirmaba que “por pedido del compañero Iván Cepeda” se articulaban movilizaciones internacionales. La marcha del 6 de marzo se realizó un mes después de la multitudinaria movilización del 4 de febrero contra las Farc, que había representado un golpe político sin precedentes para esa guerrilla.
Durante años, Cepeda sostuvo que su mención en esos archivos obedecía a un montaje. Sin embargo, una investigación reciente de ‘La Silla Vacía’ concluyó que no existe evidencia técnica de que su nombre hubiera sido sembrado o manipulado en los computadores de ‘Reyes’. La decisión de la Corte Suprema que impidió usar esos archivos como prueba fue procesal, no una declaración de falsedad. Es decir, el debate político permanece abierto.
Aquí no se discute una condena judicial. Se discute una responsabilidad pública. En democracia, como advertía John Rawls, la legitimidad del liderazgo se sostiene en la transparencia frente a los hechos y en la disposición a someterse al escrutinio ciudadano. No basta con invocar persecución o victimización cuando existen preguntas históricas sin resolver.
Hoy, el país enfrenta un escenario inquietantemente similar al de hace dos décadas. Las disidencias consolidan presencia territorial, amplían economías ilegales y ejercen control social donde la institucionalidad retrocede. En ese contexto, Cepeda propone profundizar la llamada ‘paz total’: negociaciones simultáneas, ceses operativos y concesiones amplias bajo la promesa de una pacificación estructural.
La experiencia reciente muestra riesgos evidentes. Allí donde el Estado reduce presión sin garantías efectivas de desmantelamiento, los grupos armados se reorganizan y se fortalecen. La paz sin autoridad puede convertirse en una tregua funcional al crimen.
A ello se suma su insistencia en promover una asamblea constituyente. En América Latina, estos procesos, en contextos polarizados, han derivado con frecuencia en concentración de poder y debilitamiento de contrapesos. Cambiar las reglas en medio de tensiones institucionales no necesariamente fortalece la democracia; puede erosionarla.
La pregunta es directa: ¿dónde traza Cepeda la línea roja frente a las Farc y sus estructuras derivadas? ¿Qué haría cuando incumplan o se expandan? ¿Habría firmeza o nuevas concesiones?
Colombia necesita certezas. La paz es un deber moral del Estado; la preservación del orden constitucional es una obligación superior. La democracia se sostiene en el imperio de la ley y en líderes capaces de responder sin evasivas. Iván Cepeda aspira a conducir el país. Eso implica dar una respuesta clara frente a una historia, que sigue abierta.
Esa es la respuesta que aún está pendiente. Y el país tiene derecho a escucharla antes de decidir su futuro.
LUIS FELIPE HENAO CARDONA
(Lea todas las columnas de Luis Felipe Henao en EL TIEMPO aquí)