Esta semana se confirmó que los asesinos de Miguel Uribe pertenecían a la ‘Segunda Marquetalia’. Este grupo ilegal surgió cuando los excomandantes de las Farc ‘Iván Márquez’, ‘el Paisa’, ‘Jesús Santrich’, ‘Romaña’ y el ‘Zarco Aldinever’ –quien dio la orden de asesinar a Miguel– abandonaron el proceso de paz de La Habana y se aliaron con estructuras que nunca dejaron las armas y que controlaban las rutas del narcotráfico en el sur del país, como ‘Walter Mendoza’ y la ‘Araña’.

Con la llegada de Petro a la presidencia se iniciaron conversaciones que derivaron en el Decreto 2660 de 2022, mediante el cual se estableció un “cese del fuego bilateral y temporal de carácter nacional” entre el Gobierno y varios grupos, incluida la ‘Segunda Marquetalia’. Este cese, inicialmente por seis meses, fue prorrogado de forma sucesiva. Cuando las negociaciones empezaron a fracasar, las facciones más vinculadas al narcotráfico –los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, responsables del asesinato– terminaron consolidándose nuevamente bajo el nombre de ‘Segunda Marquetalia’.

Esta ‘nueva’ ‘Segunda Marquetalia’ se consolidó como uno de los principales actores del narcotráfico en el sur del país, con presencia en Valle del Cauca, Caquetá –desde donde se ordenó el asesinato–, Huila, Meta, Santander, Vichada y Guainía. Los ceses del fuego sin resultados efectivos y la priorización de la ofensiva estatal contra otros actores, como ‘Iván Mordisco’, les permitieron expandirse, fortalecer su control territorial y dominar las rutas de la coca.

En el Caquetá se estructuró el operativo para asesinar a Miguel Uribe, quien, de no haber sido silenciado, habría tenido un papel protagónico en la política nacional. Sus denuncias en el Congreso lo convirtieron en objetivo de narcotraficantes, reclutadores de menores y estructuras armadas que se han beneficiado de una política que, en la práctica, terminó favoreciendo su fortalecimiento.

Durante el proceso penal, alias el Viejo confesó que el crimen fue ordenado por el ‘Zarco Aldinever’, hecho confirmado en la sentencia reciente. También se probó que alias Gabriela, quien entregó el arma al sicario, se desplazó al Caquetá para coordinarse con integrantes de la ‘Segunda Marquetalia’.

Miguel fue uno de los principales denunciantes de la condescendencia del Gobierno frente a las disidencias y de los hechos que hoy investiga la justicia en Estados Unidos sobre posibles vínculos entre narcotraficantes y campañas políticas. Estos cuestionamientos, sumados a antecedentes como el llamado ‘pacto de la Picota’, profundizan las dudas sobre el manejo de la política de paz.

Desde una perspectiva objetiva, los resultados son contundentes: según la ONU, Colombia aumentó en 53 % su producción de cocaína, se suspendió la erradicación forzada de cultivos ilícitos y se levantaron órdenes de captura a integrantes de grupos criminales designados como negociadores. A ello se suma una narrativa oficial que ha relativizado la gravedad del narcotráfico.

El Gobierno debe asumir una responsabilidad política clara, al menos por omisión, tanto por el asesinato de Miguel Uribe como por el fortalecimiento de estas estructuras criminales. Quienes ordenaron este crimen y controlan buena parte del narcotráfico pudieron actuar bajo el amparo de una política que no logró desarticularlos.

La ‘paz total’ no trajo paz. Permitió la expansión del narcotráfico, el fortalecimiento de estructuras criminales y el aumento de la violencia. Miguel Uribe es la evidencia más dolorosa de ese fracaso. Y mientras no haya rectificación, el mensaje seguirá siendo devastador: en Colombia, los criminales avanzan mientras las víctimas siguen pagando el precio.

LUIS FELIPE HENAO CARDONA

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