Mientras miles de colombianos mueren esperando una cita o colapsan en pasillos de hospitales, Daniel Quintero –el que, en su administración, se robó la Clínica 80 y convirtió la salud de Medellín en un negocio ruinoso– ha sido nombrado superintendente Nacional de Salud. No es un error. Es el premio a la lealtad. Es la prueba de que, en este gobierno, la corrupción no se castiga: se premia.

Durante su alcaldía, Quintero dejó un rastro sangriento de corrupción en la salud. Como lo documenta el pliego de cargos formulado por la Procuraduría General de la Nación contra su exsecretaria de Salud Jennifer Andree Uribe Montoya y otras funcionarias, en la Clínica de la 80 se cometieron faltas gravísimas: celebraron contrato de comodato con Saludcoop EPS, reportada como deudora morosa del Estado e inhabilitada; invirtieron cerca de 24.000 millones de pesos del erario; y luego, el 12 de mayo de 2022, cedieron el inmueble a la Fundación Colombiana de Cancerología mediante transacción de 12.007 millones de pesos.

Lo más grave: en el contrato afirmaron falsamente que el comité de conciliación había “aprobado” la transacción, cuando el Acta 11 del 11 de mayo de 2022 es explícita: el Comité “no adoptó ninguna decisión” y solo formuló recomendaciones que fueron ignoradas. La Procuraduría los acusa formalmente de falsedad ideológica en documento público (artículo 286 del Código Penal), falta gravísima cometida con ocasión del cargo.

Ese no fue un caso aislado. Fue el modelo. Centenares de pacientes murieron por negligencia deliberada, contratos fantasmas y demoras calculadas. Familias destrozadas. Médicos honestos perseguidos. El desastre fue tan evidente que hasta los aliados más fieles tuvieron que reconocerlo. Pero Quintero nunca pagó. Hoy regresa, con 43 investigaciones penales y disciplinarias a cuestas, para profundizar su método de corrupción. Ya veremos a su hermano Miguel recorriendo con maletín en mano las EPS y hospitales públicos, ofreciendo “servicios” a cambio de una cuota que, como en Medellín, seguirá cobrándose puntualmente.

Este nombramiento no es técnico. Es político y electoral. Quintero se convierte en la caja menor de la campaña de Iván Cepeda. El mismo Cepeda que levanta la bandera de la “revolución ética”, que pontifica sobre moral pública y acusa a medio país de corrupción, guarda un silencio sepulcral. Ni una crítica. Ni una reserva. Cuando el aliado trae votos y recursos, la ética se evapora.

El gran artífice es Gustavo Petro. El presidente que liberó de las cárceles a delincuentes peligrosos para fortalecer su base y colocó en cargos claves a los corruptos más experimentados. El mismo patrón: vaciar prisiones de aliados y llenar despachos de socios. La Supersalud, la Nueva EPS, las interventorías… todo botín. Todo al servicio de perpetuar el poder, aunque cueste vidas.

Colombia no se destruye por falta de dinero, sino por exceso de cinismo. Mientras los hospitales quiebran y las EPS colapsan, los mismos que provocaron el caos ahora administran los fondos. La salud dejó de ser un derecho para convertirse en instrumento de control político.

Este es el verdadero rostro del régimen: un Estado capturado donde la frontera entre lo público y lo privado se borró deliberadamente. Quintero no llega a salvar el sistema. Llega a desmantelarlo con mayor eficiencia.

Centenares de pacientes murieron por negligencia deliberada, contratos fantasmas y demoras calculadas. Familias destrozadas. Médicos honestos perseguidos. El desastre fue tan evidente que hasta los aliados más fieles tuvieron que reconocerlo. Pero Quintero nunca pagó

La pregunta incómoda sigue flotando: ¿hasta cuándo toleraremos que los que se robaron la Clínica 80 se conviertan en los administradores de la salud del país? ¿Hasta cuándo aceptaremos que la vida de millones dependa de quienes ya probaron su desprecio por ella?

La salud de Colombia está en crisis y secuestrada. Antes, los secuestros los hacía el M-19 en la clandestinidad; hoy se ejecutan desde el poder. El botín es infinitamente mayor: un sistema al servicio de la corrupción y una campaña política. Las consecuencias se miden en vidas perdidas.

LUIS FELIPE HENAO CARDONA

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