Mal haría la Corte Constitucional en aceptar sin filtros la peregrina teoría según la cual un naufragio legislativo habilita al Gobierno para decretar un estado de emergencia y, peor aún, derivar de esa declaratoria de emergencia una reforma tributaria ya negada por el Congreso.

Lo anterior adquiere aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que el Gobierno, al decretar los incrementos tributarios, no estableció en el caso de los licores una transición razonable para esperar la voz de la Corte, sino que, por el contrario, con esa mala mezcla de necesidades de caja, olla raspada y apetito tributario fiscalista decidió la vigencia inmediata de la cascada tributaria, aprovechando además la circunstancia de la vacancia legislativa, que en la práctica se convirtió en un camino para dar un golpe de mano a los departamentos.

Así, de la noche a la mañana, los departamentos se encontraron con una situación que –con respaldo en la opinión de muchos de los mejores constitucionalistas de Colombia– configura una........

© El Tiempo